Por Alexander Martín Pérez Mora.
En la región y el país se ha configurado en las últimas décadas, una profunda desvinculación entre la sociedad civil, el Estado y el sector privado. Este hecho, se ha generado por diversas causas, pero una de las principales, es la crisis de deslegitimación, que se está desarrollando en la institucionalidad del país, y en especial en la región de Tarapacá. Así lo demuestra, los pobres niveles de aprobación que posee actualmente, instituciones como la Iglesia Católica[1], o los bajísimos índices de aprobación que poseen, instituciones como Carabineros de Chile o las Fuerzas Armadas. A nivel regional la situación no es muy diferente, es más creemos, que es mucho más compleja, debido principalmente al cómo se llevaron a cabo las últimas elecciones y, las constantes disputas entre los diversos actores de la gobernanza local, como, por ejemplo; la cesión por parte de la seremía de Bienes Nacionales, de los terrenos donde, se debe construir un nuevo terminal rodioviario de la ciudad. Esta cesión, ha estado sujeto a un número importante de afirmaciones y desmentidos públicos, que en nada ayuda al progreso de la región.
Todos estos casos no hacen otra cosa que demostrar la existencia de una crisis de legitimidad, y en palabras de Alberto Mayol, está se produce por el “El hecho, que, las instituciones creyeron ciegamente en la promesa modernizadora de la dictadura y, cambiaron el leitmotiv de su quehacer” (A. Mayol, 2015). Para ellas, su rol principal es cumplir indicadores de gestión, y no generar un desarrollo integral, por lo que fueron dejando de lado programas y políticas que contribuyeron a generar este tipo de desarrollo.
Las instituciones en Chile carecen de todo proyecto político, sólo tienen como fin “La fantasía de la modernización neoliberal” (A. Mayol, 2015), que impuso Pinochet. En este esfuerzo por mantener esta promesa, es donde, se ha desintegrado todo su capital político y la credibilidad que estas instituciones poseían.
Uno de los mejores ejemplos, que demuestra esta crisis de legitimidad que planteamos, es el hecho que el sistema político ya no sea un eje legitimador y motivador del cambio social, como sí ocurría en las décadas de los 80 y 90. Ahora ese lugar es ocupado por los movimientos sociales, que han surgido con un grado de visibilidad y diversidad importante, tanto en su origen, como en su localización geográfica y, por ende, también, en sus reivindicaciones. El desencanto, ya no sólo es patrimonio de Santiago y de su sociedad civil.
Esta crisis genera en el país y la región escenarios de incertidumbre respecto a cómo se va establecer el diálogo social, para poder generar la participación social, y así poder propiciar un desarrollo integral. Este diálogo, es fundamental para poder construir las condiciones para el desarrollo, más aún en un modelo económico como el que ostenta el país, que se caracteriza por basar su expansión, en la explotación de recurso naturales y establecer un sistema rentista y financiero, sobre este proceso de acumulación.
Esta promesa de modernización, a la cual nos referimos, genera una tensión inevitable entre el medio ambiente, la sociedad civil (movimientos sociales y sector privado) y el Estado, debido que, en su búsqueda de crecimiento, por parte de este último, sólo se procuró desarrollar el factor económico, por sobre otros elementos. Este hecho, configura lo que Evans llama un “Estado Predatorio” (Evans, 2017), que sobre explota los recursos naturales y no posee conciencia sobre el cuidado de los patrimonios y, por tanto, genera una gobernanza de características vertical y no participativa, con el objetivo de poder mantener este tipo de desarrollo.
Pero ¿Cómo un país puede generar una gobernanza participativa, que nos permita abordar este tipo de conflicto? Un primer paso, es reflexionar sobre el hecho que cualquier política pública que tenga como objetivo generar un desarrollo integral de la región, debe comprender, que, para lograrlo, debe poner en un mismo nivel de importancia, tanto la generación de recursos, como el cuidado de los diversos patrimonios (ambientales, culturales, tangible e intangible) de la región.
Además, la gobernanza local, debe visualizar que, al buscar el desarrollo, va poner deliberadamente en contacto dos ámbitos de la realidad muy diferentes: al Estado y los privados, versus y el mundo del patrimonio (las comunidades), que son diferentes por su pasado, por su cultura como sectores, por su naturaleza. Y, por último, y aquí donde radica la mayor de las tensiones, por los fines que persiguen cada uno.
Estas diferencias, no sólo son a nivel de interés, sino que también, lo son en una dimensión conceptual, debido a que sus actividades son estructuradas por marcos teóricos diversos: para el Estado y el sector privado, los patrimonios tienen, principalmente, un valor de uso. Mientras que, para el otro mundo, los patrimonios tienen un valor simbólico: Para el Estado y los privados, la posibilidad de su consumo es el interés central, para el mundo del patrimonio lo principal es su existencia y, por lo tanto, la tarea básica es su conservación.
Pero, aunque a simple vista sea difícil encontrar convergencia entre ambos mundos, las hay, una de las principales, guarda relación, con las sinergias que ambos mundos pueden desarrollar. Para el Estado y privados, el patrimonio es el elemento básico para generar las bases de un desarrollo sostenible e integral, en el tiempo. Para el patrimonio el Estado y privado, pueden ayudar a que los patrimonios mantengan su capacidad simbólica y así puedan ser transmitidas no solo a los miembros de la comunidad, sino que también a la sociedad en su conjunto.
Un segundo paso, para lograr una gobernanza más participativa y horizontal, es diseñar políticas públicas, de carácter regional planificada, que se sustente en tres pilares fundamentales: primero que tenga como objetivo proteger los patrimonios, de los daños causados por su utilización; segundo, establecer estrategias que permitan la conservación de los patrimonios, que pueden ser dañados y; tercero y más importante, es que la administración de los patrimonios, estén en manos de las comunidades (pampinas, barriales, indígenas), ya que son ellos, los llamados a conservar el carácter material, cultural y simbólico del recurso o espacio que se pretende explotar.
[1] https://www.24horas.cl/nacional/encuesta-cadem-aprobacion-de-la-iglesia-catolica-alcanza-un-14-y-registra-su-nivel-mas-bajo-2847647
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